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Alfonso Aguiló
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—¿Y no crees que pueden tener parte de razón quienes defienden que sería mejor legalizar la droga?

Es un debate que surge periódicamente en los medios de comunicación. Se aduce que son muy escasos los frutos de la represión del narcotráfico y que, por el contrario, su legalización –con el correspondiente control gubernamental– haría caer los lucrativos negocios que florecen clandestinamente en su entorno y, como consecuencia de ello, disminuiría también la delincuencia que la droga produce. Algunos añaden, además, que el Estado no es quién para dictar a la gente lo que debe o no consumir.

Sin embargo, los diversos ensayos realizados en esta línea en diversos países occidentales han ido fracasando uno tras otro. Si se administra metadona al adicto, no se logra rehabilitación, pues la metadona también crea dependencia. Si se legalizan solo unas pocas drogas, sigue manteniéndose el mercado negro de las no legales, con la desventaja de que las legales sirven de iniciación al consumo de las otras. Si se despenaliza solo el consumo, tiene efectos deseducativos y no elimina los inconvenientes de la represión del tráfico.

Si se piensa en la legalización completa mediante un régimen de distribución pública, parece inevitable pensar en medidas restrictivas: control de calidad, prohibición de publicidad y de venta a menores, restricción de su consumo a conductores u otros profesionales de especial riesgo, etc. Al final, se vuelve a lo de siempre: cada restricción daría lugar a un mercado negro para quienes no tienen acceso totalmente libre a esa droga.

Además, los grandes traficantes saldrían beneficiados con la legalización. Empezarían por inundar el mercado con droga muy barata: pueden hacerlo, ya que funcionan con márgenes gigantescos. De ese modo conseguirían millones de nuevos adictos, y con esa expansión del mercado se resarcirían con creces de la reducción de precios. Los gobiernos tendrían que reaccionar con controles más severos, lo que llevaría a la subida de precios y a un nuevo aumento del negocio ilegal.

Quizá disminuyeran los delitos motivados por la necesidad de obtener droga cara, pero aumentarían los cometidos bajo sus efectos –habría muchos más drogadictos–, y crecerían por tanto los costes sociales: las drogas –sean legales o no– son adictivas, producen intoxicaciones, provocan enfermedades o malformaciones congénitas a los hijos, suelen acarrear desintegración familiar, etc.

En suma, parece demostrado que la legalización de la droga estimula su consumo. Son sustancias peligrosas, y por tolerante que se quiera ser, legalizar la droga no es quitar el negocio a los criminales, sino poner al Estado a competir con ellos. Y en esta competencia, la salud pública tiene todas las de perder.

La droga tiene unas gravísimas consecuencias sociales. Aunque la represión no solucione por sí sola el problema, parece imprescindible. Sin ella, las medidas educativas –que son las más básicas– perderían gran parte de su eficacia.
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